La España Vaciada quiere cambios en las políticas y también en las normativas. Las plataformas que batallan contra la despoblación entienden que debe producirse un giro sustancial en la forma de conducir el país, con el fin de evitar desequilibrios como los que afectan a Zamora, Soria, Teruel y otras provincias con escenarios similares. Ese planteamiento incluye la posibilidad de introducir cambios en la Constitución para empujar en el camino hacia el desarrollo.
Así, en la semana en la que se celebra el 44° aniversario de la aprobación de la Carta Magna, la España Vaciada mantiene su propuesta de modificar el artículo 138 de la Constitución para que “el factor despoblación” se equipare al de insularidad como circunstancias de “especial atención”. Esa propuesta ya aparece en el modelo de desarrollo confeccionado por las plataformas, que se han presentado en numerosos foros en los últimos meses.
La idea se enmarca en una serie de iniciativas para modificar la legislación; todas, en la línea de incluir mecanismos correctores para frenar la sangría demográfica. En este caso concreto, la justificación se sustenta en el “notable desequilibrio” que soportan estos lugares. A juicio de la España Vaciada, esto “se debe atender”, en base al llamado principio de solidaridad.
El modelo de desarrollo confeccionado por las plataformas prevé una reforma del artículo 138 para equiparar insularidad y despoblación
Así se refleja en el planteamiento del texto alternativo del artículo 138.1, que rezaría lo siguiente: “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular tanto a las circunstancias del hecho insular como al hecho de la despoblación que sufren diversos territorios o comarcas”.
Discriminación positiva en la legislación, más allá de la norma suprema
Las plataformas de la España Vaciada entienden que la modificación del artículo 138 de la Constitución Española debe ser la cúspide de una reforma que alcance a otras normativas y que implique “una legislación diferenciada para determinados territorios”. El colectivo se refiere al “principio de coherencia” para subrayar que “en zonas estructuralmente desiguales y con situaciones sociales y problemas desiguales se requiere una normativa adaptada a esas singularidades”.
Este argumentario aparece también en el modelo de desarrollo acordado por las plataformas que componen el movimiento, junto a otras razones como “la conveniencia de introducir determinadas medidas de discriminación positiva que tiendan a paliar la situación de esos territorios, sus déficits globales y la ausencia de masa social crítica para provocar su recuperación”.
Para la España Vaciada, “en su forma más simple, las medidas de discriminación positiva tienen por objeto dar consideraciones especiales a los individuos en torno a la base de su pertenencia a un grupo social que ha sido identificado sobre alguna posición de desventaja en relación con otros grupos de la sociedad”, algo que encaja con la realidad de estas zonas.
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