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La comunidad judía, en pie de guerra contra Portugal

La entrada en vigor de las nuevas alteraciones a la ley de nacionalidad en Portugal han puesto en pie de guerra a la comunidad judía. Una ley que fue modificada en marzo y que desde septiembre exige dos nuevos requisitos a los descendientes de sefardíes que quieran obtener el pasaporte luso: Haber heredado una propiedad en territorio portugués o haber viajado con frecuencia al país a lo largo de su vida.

Los representantes de la principal asociación israelita del país denuncian un complot antisemita para acabar con la concesión de nacionalidad a los descendientes de sefardíes

Estos supuestos han limitado considerablemente la atribución de la nacionalidad a este colectivo y han provocado las protestas de la Comunidade Israelita do Porto (CIP), la más grande del país, que atribuye las modificaciones a un complot orquestado por una parte de las élites políticas y económicas.

Imagen del pasaporte portugués

En una denuncia enviada a la Fiscalía Europea a principios de este mes, la CIP señala a antiguos miembros del Gobierno socialista de António Costa, a diputados del Parlamento y a medios de comunicación como instigadores de una “conspiración antisemita” que ha provocado la “destrucción” de la ley que desde 2015 facilitaba la nacionalización de los descendientes de los sefardíes y que ha propiciado “el rechazo, la difamación y la persecución criminal” de los judíos residentes en el país.

Entre las personas señaladas por la CIP se encuentran el actual presidente del Parlamento, Augusto Santos Silva y la exministra de Justicia, Francisca Van Dunem.

Presuntas irregularidades

Tanto Santos Silva, ministro de Asuntos Exteriores hasta marzo de este año, como Van Dunem han sido dos de las personas que se han mostrado más favorables a la modificación de la ley tras conocerse las presuntas irregularidades en las tramitaciones de las solicitudes de los sefardíes.

Unas tramitaciones que el Gobierno luso delegó en organizaciones religiosas como la CIP. El rabino lo detuvieron en marzo por facilitar presuntamente la obtención de la nacionalidad a oligarcas como Roman Abramovich, a cambio de dinero.

La obtención del pasaporte portugués por parte de Abramovich, antiguo propietario del club de fútbol Chelsea, desató una ola de críticas al Gobierno en medio de las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania.

Abramovich es un oligarca ruso que fue presidente del Chelsea hasta el año pasado.

El presidente de la CIP, Gabriel Senderowicz, explica que la operación policial, conocida como ‘Puerta Abierta’, ha sido un intento de perjudicar a todos los judíos con vínculos en Portugal. “La operación Puerta Abierta fue presentada al mundo como la venta de pasaportes por parte de un rabino que actuaba a cambio de dinero, pero se trata más bien de un ‘caso Palestina, que incluye el uso de la justicia con fines políticos, de teorías de la conspiración y de denuncias anónimas fabricadas por agentes del Estado y calumniadores profesionales. El único objetivo es destruir la credibilidad de una ley, de unos dirigentes comunitarios y de personas cuyo origen sefardí fue aprobado legalmente“, asegura Senderowicz por correo electrónico.

Conspiración antisemita

El presidente de la CIP insiste en que Portugal, como estado soberano, es libre de modificar las leyes cuando considere oportuno. Pero critica que el debate sobre la alteración de la ley que permite la nacionalización de judíos sefardíes, abierto en 2020: “Ha tenido al frente a personas sin sentido común y a las que nadie paró, tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación“. Senderowicz asegura que la denuncia presentada a la Fiscalía Europeano ataca al Estado ni al Gobierno, sino a una decena de personas concretas“.

Por su parte, Santos Silva califica de “absurda” su supuesta implicación en un complot antisemita. “Como ministro de Asuntos Extranjeros comparecí en el Parlamento para dar explicaciones sobre lo que estaba pasando en varios consulados portugueses. Lo que denuncié fue el aprovechamiento de los errores de una ley para la obtención ilegítima de la nacionalidad portuguesa por parte de personas que poco o nada tenían que ver con los sefardíes expulsados de Portugal a finales del siglo XV“, explica el actual presidente del Parlamento. La justicia ha retirado el pasaporte al rabino de Oporto, principal acusado de la operación, a la espera de que avancen las investigaciones.

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