Este jueves se ha hecho pública la condena por revelación de secretos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, avalada por cinco de los siete magistrados del Tribunal Supremo. El fallo marca el panorama político, aunque su impacto real es incierto hasta la publicación de la sentencia completa y su argumentario. Por ello, el Gobierno, que se limita a decir que lo acepta sin gustarle.
Pedro Sánchez, que afirmó que habría que “pedir disculpas” al fiscal, afronta ahora mayor presión política. Ignoramos si responderá a ella, como Podemos, tildándola de golpismo. Entre sus posibles acciones, cabe un recurso al Tribunal Constitucional que podría ser favorable dado el largo historial de fidelidad al gobierno del momento, al estar acordado por el PSOE y el PP.
En paralelo, avances respecto a los socios de Sánchez. Santos Cerdán ha regresado con su familia a Milagro (Navarra) su localidad natal tras salir de prisión, coincidiendo con quienes fueron vínculos en la trama investigada (constan compras que su esposa recibió sin pagar). Por otro lado, las acusaciones han pedido 30 años para Koldo y Ábalos, así como prisión preventiva por un posible riesgo de fuga.
Finalmente, en el Senado, el extesorero de Bancal de Rosas ha evitado explicitar comunicaciones directas con Sánchez y ha defendido la legalidad de la de financiación. No obstante, su declaración ha dejado abiertos varios matices de interés con su descripción de “poco habitual”. Es otra noticia adversa para el Gobierno en una jornada en la que se preveía mayor protagonismo de la conmemoración de la muerte de Franco. Sin embargo, habrá un acto oficial el viernes en el Congreso, con presencia de la Corona y las ausencias destacadas del rey emérito, Vox, Sumar y los partidos independentistas, en otra noticia poco favorable más allá de tramas de corrupción.
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