Portugal bajará el impuesto de la renta y subirá las pensiones un 6,3% en 2024

El proyecto de Presupuestos del Estado prevé una fuerte inversión en vivienda y una deuda pública por debajo del 100%

El Gobierno portugués ha presentado su proyecto de Presupuestos del Estado para 2024 sin apartarse del camino que se ha marcado desde que el socialista António Costa se convirtió en primer ministro en 2015. Nada ha sido más importante en la política presupuestaria lusa de estos años que disponer de unas cuentas saneadas y rebajar la exposición a la deuda.

Detrás de esta decisión está el trauma vivido en el país durante el rescate de la troika (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión Europea), pero la oposición y numerosos colectivos que siguen sufriendo los recortes de aquellos años, como profesores y sanitarios, han criticado duramente esta obsesión gubernamental que relega sus reivindicaciones.

Fernando Medina, durante la presentación del proyecto en Lisboa el martes, informó de que la reducción de la deuda pública ha permitido ahorrar anualmente desde 2015 unos 230 euros por cada portugués.

En 2024 no será muy diferente, pero se superará una barrera psicológica. Por primera vez, la deuda pública prevista (el 98,9%) bajará del 100% y aleja al país del grupo de los más endeudados de la Unión Europea.

Aunque esto no cambiará la política presupuestaria defendida por Medina, permitirá que el esfuerzo de contención de las cuentas sea más moderado a partir de entonces. De hecho, el Presupuesto del Estado para 2024, beneficiado por dos años consecutivos de excedente, contempla un esfuerzo en los apoyos sociales y en las inversiones más contundente que en otros ejercicios.

El Gobierno prevé una desaceleración en el crecimiento económico (el 1,5% del PIB frente al 2,2% de este año), aunque seguirá por encima de la media de la eurozona. Las perspectivas de empleo se mantienen estables, en unas cifras de máximos históricos, y mejoran las de la inflación (2,9%). Todo ello ha llevado al Gobierno a realizar una bajada de impuestos mayor de la anunciada hace unos meses y que va incluso más allá de la defendida por el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha).

Los grandes beneficiarios de la reducción de la carga fiscal serán los contribuyentes que ingresen menos de 27.119 euros al año. En estos tramos se rebaja el porcentaje de retención equivalente al IRPF español (IRS en Portugal). Los superiores se han actualizado para incorporar el impacto de la inflación, lo que también se traduce en un descenso.

El Estado dejará de ingresar 1.327 millones de euros con esta bajada de impuestos, que se compensará con la subida de los indirectos, que crecerán un 8,7% en parte por la retirada de medidas extraordinarias como el IVA cero que se adoptó para combatir la subida de la inflación y que dejará de estar en vigor a partir del 1 de enero. Aumentarán los impuestos del alcohol, tabaco, ventas inmobiliarias y circulación, entre otros.

Plan específico

El proyecto prevé una subida media de las pensiones del 6,3% y también el aumento de salarios en la administración pública de entre el 3% y el 6,8%. Los bajos sueldos que perciben sanitarios y profesores están detrás de las movilizaciones más contundentes que se están viviendo en Portugal en los últimos años. Además de mantener medidas de apoyo a las familias por la subida de los tipos de interés, se ha diseñado un plan específico para ayudar a los más jóvenes, que va desde la gratuidad de transportes a la exención fiscal durante el primer año de empleo; y un programa especial para resolver uno de los grandes agujeros negros de la sanidad pública: la existencia de 1,6 millones de usuarios que carecen de médico de familia.

El gran esfuerzo inversor se concentrará en la vivienda, con 1.039 millones de euros (el doble de 2023), en parte gracias a la inyección del dinero comunitario de los Planes de Recuperación y Resiliencia, que costeará el 43% de esos fondos. La crisis de la vivienda ha llevado también al Gobierno a eliminar a partir del próximo año el régimen especial de los no residentes habituales, que les permitía tributar muy por debajo de los portugueses desde 2009 y que se considera uno de los factores que ha agravado la crisis de la vivienda.

El proyecto del Gobierno ha recibido duras críticas de la oposición. El presidente del PSD, Luís Montenegro, descalificó las propuestas por tener “impuestos máximos y servicios mínimos”, mientras que los partidos de la izquierda han criticado que no se exijan esfuerzos a la banca pese a los beneficios que están recibiendo gracias a la escalada de tipos de interés.

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