El Gobierno portugués anunció que 37 de los 38 marroquíes interceptados en agosto en el Algarve, han sido puestos en libertad. Su liberación se produce tras cumplir el plazo máximo de detención legal.
De acuerdo con la legislación portuguesa, el tiempo máximo de retención es de dos meses. Una vez vencido ese tiempo, el Estado está obligado a poner en libertad a las personas implicadas, incluso si continúa el procedimiento de expulsión.
Durante su estancia en el centro, dos de los inmigrantes marroquíes aceptaron voluntariamente abandonar el país. , Uno cumplió esa decisión incluso antes de aplicarse formalmente. Los demás presentaron recursos judiciales, solicitudes de asilo o rechazaron aportar documentación. Unas medidas que, según el Gobierno, han servido como mecanismos de dilatación para su expulsión.
El gobierno portugués reconoce deficiencias estructurales para controlar a la inmigración irregular
El Ejecutivo portugués reconoció que las autoridades actuaron con diligencia, pero señaló que están limitadas por el marco legal vigente y por deficiencias estructurales. Identificó como obstáculos principales la disolución del antiguo SEF (Servicio de Extranjeros y Fronteras), que transfería competencias a la agencia AIMA (Agencia para la Integración, la Migración y el Asilo), así como la insuficiente capacidad de los centros de detención y los procedimientos procesales excesivamente complejos.
En respuesta, el Gobierno ha aprobado la creación de dos nuevos CIT (en Lisboa y Oporto) para aumentar la capacidad en 300 plazas, y adelantó que en octubre presentará una propuesta de reforma legal para simplificar los procesos de devolución de inmigrantes.
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