El Gobierno de Portugal presenta los Presupuestos Generales del Estado para 2023

El domingo, el primer ministro, el socialista António Costa, firmó un acuerdo de concertación social con los empresarios y el segundo sindicato del país (el primero, la Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, no se sumó) para mejorar los salarios (un 5,1% en 2023) y la competitividad de las empresas, dos problemas estructurales de la economía lusa.

El Gobierno ya ha elevado al Parlamento la propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2023 (OE2023). El documento, aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario de este domingo, fue explicado este lunes por la ministra de Hacienda

Este lunes presentó su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, que contiene las cifras que agradan a Bruselas (reducción de la deuda pública y déficit) a costa de defraudar a pensionistas, funcionarios y clases medias, que perderán poder adquisitivo.

La legislación portuguesa establece una actualización de las pensiones según la inflación del año anterior y la evolución del PIB, lo que obligaría a subirlas el próximo año alrededor del 7,4%.

Para evitarlo, el Gobierno decidió entregar en septiembre media paga extraordinaria a cada pensionista y limitar la revalorización en 2023 entre el 3,5% y el 4,4%. Una medida que la oposición consideró un “truco” que penalizaría el cálculo de las pensiones en 2024.

Tampoco los empleados públicos portugueses recuperarán poder de compra. Las subidas salariales en el sector público (52 euros para las nóminas más bajas y el 2% para quienes perciben más de 2.600 euros brutos) se quedarán por debajo de la inflación, aunque el Gobierno reduce la carga fiscal a familias y empresas.

Los Presupuestos Generales del Estado, que ahora comienzan su tramitación parlamentaria, responden a una coyuntura de “ablandamiento económico”, en palabras de Costa.

El ministro de Finanzas, Fernando Medina, dejó entrever que, gracias a la contención presupuestaria, se podrán adoptar medidas extraordinarias el próximo año en el caso de que el escenario macroeconómico se desboque. La previsión del Gobierno de crecimiento económico en 2023 se sitúa en el 1,3% (frente al 6,5% de este año), por encima de las estimaciones realizadas hoy para el país por el Fondo Monetario Internacional (0,7%).

Lo que sí está ya contemplado en los presupuestos son algunas rebajas fiscales selectivas a las personas con menos ingresos y a las empresas que suban salarios a sus trabajadores o inviertan en innovación.

También se ajustarán los tramos del IRPF para permitir que las subidas salariales sean efectivas en los bolsillos lusos. El salario mínimo se elevará hasta los 760 euros y 900 en el horizonte de 2026. Se incluye un nuevo impuesto a las empresas que están obteniendo lucros extraordinarios con la actual crisis energética y, en paralelo, medidas para paliar los costes energéticos disparados de las empresas.

Menos deuda y conflictos de intereses

Las medidas de apoyo para compensar la inflación son comedidas porque el Gobierno de António Costa mantiene su cruzada de las contas certas como línea matriz de su política presupuestaria.

El resultado permitirá que el país deje de estar a la cabeza de los más endeudados de Europa (hasta ahora solo superado por Grecia e Italia) y bajará a la sexta posición en 2023 gracias a una deuda pública del 110,8% del PIB, inferior a las de España o Francia. La previsión sitúa, además, el déficit en 0,9% del PIB, bien lejos del 3% que se establecía como tope de la estabilidad presupuestaria fijada por Bruselas.

La presentación de las cuentas de Portugal para gobernar una economía en plena crisis inflacionaria llegan en un momento de incomodidades políticas para Costa, por los conflictos de intereses de algunos ministros.

El más grave afectó al titular de Sanidad, Manuel Pizarro, nombrado hace un mes. Pizarro, médico y eurodiputado socialista, era gerente de una empresa de consultoría sanitaria en Oporto. Después de que esto saliese a la luz, renunció al cargo y liquidó la sociedad.

La ministra de Cohesión Territorial, Ana Abrunhosa, por su parte, está en el punto de mira de la oposición desde que se divulgó que su marido recibió fondos europeos para sus empresas. En un artículo en el diario Público, Abrunhosa aseguró que ni ella “ni ninguno” de sus secretarios de Estado han tenido “nunca intervención, directa o indirecta, en el proceso de aprobación de candidaturas ni en la atribución de apoyo financiero”.

El tercer caso afecta al ministro de Infraestructuras y Vivienda, Pedro Nuno Santos, que posee el 1% de una empresa familiar gestionada por su padre que ha firmado contratos con la Administración del Estado desde 2008 por más de un millón de euros, la mitad de ellos obtenidos después de que el político se integrase en la estructura del Gobierno como secretario de Estado en 2015.

En apenas seis meses de vida, el Gobierno de António Costa, que emergió de una mayoría absoluta, ha encadenado ya varias crisis generadas por el propio Gabinete.

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