Portugal prepara la octava reforma constitucional

La relación entre los dos países de la Península Ibérica y sus constituciones, ambas redactadas en la década de 1970, es tan diferente como sus orígenes.

La portuguesa es hija de la ruptura con la dictadura en un golpe militar que desencadenó una revolución pacífica; y el español es el de la reforma: la muerte de Franco y el derribo administrativo de su régimen desde dentro.

Los españoles estaban empapados de consenso; la Lusa, la revolución. El primero solo ha sido reformado en dos lugares concretos para tener en cuenta las realidades internacionales (el Tratado de Maastricht y el escudo de estabilidad presupuestaria exigido por Bruselas), mientras que el segundo ha sido revisado siete veces para adaptar cada vez más la sociedad a sus vecinos comunitarios. La octava reforma de Portugal, que se puso en marcha en este período legislativo, vuelve a apuntar a un cambio profundo.

A pesar de que la revisión fue iniciada originalmente por la extrema derecha del partido Chega, que defiende la inclusión de la castración química para los violadores, la cadena perpetua y el voto obligatorio en la constitución, la enmienda fue apoyada por las dos principales fuerzas políticas, el Partido Socialista, da la bienvenida al partido y al Partido Socialdemócrata (PSD) de centro-derecha para proponer nuevos derechos e introducir en la norma realidades inimaginables hace medio siglo. “Esta no será la revisión constitucional de Chega”, proclamó el primer ministro, el socialista António Costa, durante la última campaña electoral de su partido. “La mejor manera de defender la democracia es modernizar el conjunto de derechos fundamentales con valores progresistas”, agregó.

Costa propone introducir derechos laborales digitales («trabajo digno», dice), derechos sociales (lucha contra la violencia de género) y ambientales (bienestar animal y alimentación sana y sostenible), pero también algunas restricciones derivadas de la inseguridad jurídica, que dice ha experimentado como gobernante durante los meses de confinamiento por la pandemia.

El acceso a los metadatos de los usuarios digitales por parte de las fuerzas de seguridad, que ha causado gran polémica política y legal en el país en los últimos meses, también será uno de los aspectos que se incluirían en esta reforma constitucional.

Consenso de los dos grandes partidos

El PSD defenderá bajar la edad mínima para votar a los 16 años (bandera ondeada por el Bloco de Esquerda hace años), reducir el número de escaños en la Asamblea de la República y reducir el mandato del Presidente de la República, que actualmente tiene un máximo de dos veces cinco años y que los conservadores quieren limitar a un mandato de siete.

Tanto la definición de emergencia sanitaria como el uso de metadatos son aspectos que el líder del PSD, Luís Montenegro, quiere consensuar con los socialdemócratas.

Una reforma constitucional requiere el apoyo de las dos terceras partes de la Asamblea de la República, lo que se lograría con creces con las dos formaciones mayoritarias, que integran 197 diputados de un total de 230.

El Partido Comunista Portugués, que tuvo un peso crucial en el texto original de 1976, se ha opuesto a la revisión, considerándola «apresurada» y con el objetivo de «mutilar» la norma. Pero una vez iniciado el proceso, elaboró ​​un proyecto propio para «defender los valores del 25 de abril» y luchar contra «el contragolpe y la liquidación de derechos».

Por su parte, el Bloco de Esquerda quiere que los menores de 16 años y los extranjeros residentes puedan votar, cubriendo institucionalmente la lucha contra el cambio climático, entre otras cosas.

La impronta revolucionaria de la primera constitución democrática que tuvieron los portugueses sigue presente en algunos aspectos. El artículo 94, por ejemplo, regula la enajenación de grandes bienes. Pero es cada vez más residual después de las últimas siete revisiones. “El texto de 1976 contenía elementos no democráticos en el momento de su redacción y ajeno a la lógica constitucional”, escribe Gabriel Moreno, catedrático de derecho constitucional en la Universidad de Extremadura en su libro “Cómo se gobiernan los portugueses. Historia constitucional y sistema político de Portugal” (Comarés).

La primera reforma, la de 1982, suprimió el Consejo Revolucionario, que estaba formado sólo por militares y actuaba como una especie de custodio de la esencia del 25 de abril. “Uno de los objetivos era reducir el carácter programático de estas normas, que están permeadas por la narrativa marxista, o más bien de izquierda”, elabora Moreno en su obra. En 1989, esta tendencia se acentuó con la eliminación del intervencionismo económico estatal en aspectos como la apropiación colectiva de los medios de producción y la reforma agraria, para unificarla con el nuevo contexto de la Comunidad Económica Europea, a la que Portugal se adhirió en 1986.

“Las primeras reformas”, explica Moreno, “cambiaron elementos esenciales del texto original para adaptarlo a la realidad europea o para rebajar y reducir el contenido intervencionista en la economía cuando no eran directamente revolucionarios”.

Portugal ha mostrado más flexibilidad y consenso a la hora de llegar a acuerdos institucionales sobre su constitución que España, que está presentando a lo largo de su historia constitucional, “una aparente incapacidad para reformar sus constituciones y sistemas políticos, lo que es una auténtica anomalía en el contexto europeo”, observa Moreno.“Sin embargo”, apunta, “la Constitución portuguesa contiene para muchas de sus disposiciones una cláusula de irreformabilidad muy amplia o disposiciones que no encontramos en la española”.

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