
Caracas / Washington, 24 de agosto de 2025 — La relación entre Estados Unidos y Venezuela atraviesa uno de sus momentos más tensos en los últimos años, marcada por movimientos militares, acusaciones cruzadas y una creciente retórica hostil que reaviva los temores de una escalada regional.
El detonante de la reciente crisis fue la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de ordenar el despliegue de tres destructores guiados por misiles —el USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— en aguas del Caribe, cerca de las costas venezolanas. La operación, respaldada por unos 4.000 marines, aviones espía y submarinos, se enmarca en una ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, con el foco puesto en altos funcionarios del gobierno venezolano, a quienes Washington vincula con el denominado «Cártel de los Soles».
Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro calificó el movimiento como una «provocación imperialista» y ordenó la activación de más de 4,5 millones de milicianos, movilizados como parte de lo que el mandatario denominó un “plan de paz” para proteger la soberanía nacional. A su vez, se impusieron restricciones al uso de drones en todo el país, como medida preventiva ante un posible conflicto.
Paralelamente, el Departamento de Estado de EE.UU. elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, al que acusa formalmente de liderar una organización criminal transnacional. Venezuela rechazó de inmediato las acusaciones, calificándolas de infundadas y como parte de una campaña internacional para justificar agresiones militares.
A pesar del ambiente beligerante, algunos gestos recientes daban señales de distensión. En julio, EE.UU. permitió a la petrolera Chevron reanudar operaciones limitadas en Venezuela bajo condiciones estrictas, una medida que fue interpretada por algunos sectores como un intento por mantener canales económicos abiertos. Sin embargo, Washington también ha revocado otras licencias clave en el sector energético, manteniendo intacto su régimen de sanciones sobre el oro, los servicios petroleros y otras industrias estratégicas.
Asimismo, en los últimos meses se concretó un intercambio humanitario: Venezuela recibió a 252 ciudadanos deportados desde El Salvador, mientras liberó a 10 estadounidenses detenidos por razones políticas o migratorias. No obstante, estos acercamientos diplomáticos han quedado ensombrecidos por la reciente escalada militar y la creciente tensión verbal entre ambos gobiernos.
Analistas internacionales advierten que, aunque una intervención militar directa sigue siendo improbable a corto plazo, la situación actual representa el mayor pico de tensión desde la ruptura diplomática de 2019. Las próximas semanas serán clave para determinar si ambas partes optan por la desescalada o si el conflicto seguirá intensificándose.
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