Venezuela vive una jornada electoral en la que está en juego mucho. No se decide la pugna entre un Gobierno de derechas o uno de Izquierdas, sino que se está luchando para derrocar un gobierno que ha sido acusado de violar los Derechos Humanos de forma continuada, afirman desde la oposición venezolana.
Organizaciones como Amnistía Internacional han afirmado que Venezuela sufre una crisis alimentaria grave y que el sistema de salud pública ha colapsado. El Gobierno de Nicolás Maduro ha permitido que las fuerzas policiales usaran la fuerza de forma ilegítima. Tal es así que, la Corte Penal Internacional ha recibido unas 8900 alegaciones de «víctimas de Nicolás Maduro».
El acuerdo de Barbados señala que la Oposición venezolana tenía derecho a invitar a actores políticos y acompañantes. Sin embargo, la mayoría han sido deportados
Este 28 de julio, Venezuela puede elegir cambiar su destino y que haya una transición que permita poner fin a más de veinte años de Chavismo. La última polémica del régimen de Maduro ha sido la imposibilidad de 45 personas de acompañar a la líder venezolana durante la jornada electoral.
Así lo dice la cuenta oficial del Comando Nacional de Campaña de Edmundo González, que ha denunciado el incumplimiento del Acuerdo de Barbados, donde el Gobierno Chavista firmaba con la Oposición Venezolana cumplir y garantizar los derechos políticos y electorales de los venezolanos.
Entre los deportados, había un grupo de diputados del Partido Popular y eurodiputados del Partido Popular europeo a quiénes el gobierno de Venezuela no habría autorizado para asistir como observadores. Desde las filas populares se afirmó que iban en concepto de invitados y que la deportación no se ajustaba a la Ley.
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