La Guardia Civil interviene una red de establecimientos de Alicante, Madrid y Málaga dedicada a la distribución y venta de alimentos caducados, con las etiquetas modificadas o en mal estado.
La Guardia Civil ha intervenido más de 34.000 kilos de alimentos no aptos para el consumo con destino a España y Portugal, tras una serie de inspecciones realizadas en las provincias de Alicante, Madrid y Málaga. Algunos productos presentaban una manipulación en las fechas de consumo preferente, otros con fechas de caducidad superadas y otros mal estado.
En esta operación, denominada Mahala, contra la falsificación, venta, etiquetado, comercio, distribución ilegal o el adulterado de productos alimenticios y el fraude económico, se ha investigado al responsable de una sociedad y denunciado a otra persona por un delito de fraude alimentario, relativo al mercado y los consumidores.
En mayo la Patrulla de Protección de la Naturaleza de Alicante (Pacprona), en su labor de investigación, obtuvo información sobre la comisión de posibles irregularidades por parte de dos sociedades mercantiles. Para esclarecerlas se inició una operación.
Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía
El pasado mes de mayo, en una primera instancia, los agentes localizaron dos naves industriales en la localidad alicantina de Torrevieja, donde supuestamente se comercializaba con productos alimentarios caducados que eran distribuidos entre España y Portugal.
Además, se averiguó la existencia de otros dos establecimientos en las localidades de Coslada (Madrid) y Marbella (Málaga), pertenecientes a una de las sociedades donde se cometían las mismas irregularidades detectadas.
La operación localizó en junio con el apoyo de patrullas del Seprona de Guadarmar (Alicante) y Daganzo (Madrid) la actividad que se llevaba a cabo en Torrevieja, Coslada y Marbella, que culminó con la intervención de alimentos con las fechas de consumo preferente manipuladas, otros caducados y otros en mal estado de conservación, dispuestos para su venta y distribución.
El pasado 5 de julio, con todas las pruebas que acreditaban la responsabilidad del gerente de una de las sociedades, se procedió a su investigación por un delito relativo al marcado y a los consumidores por fraude alimentario. A la otra sociedad investigada se le efectuaron denuncias por infracciones administrativas, remitidas a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana.
Las diligencias se han puesto a disposición del Juzgado de Instrucción 4 de los de Torrevieja. Todos los alimentos retirados se han destruido por parte de un gestor de residuos autorizado.
Gracias a estas actuaciones se han retirado del mercado más de 34.000 kilos de alimentos que no reunían las condiciones para el consumo humano y que podrían haber generado un problema para la salud pública.
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